Como una medida responsable fue recibida por la Nueva Mayoría el reajuste del gasto fiscal anunciado por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, algunos parlamentarios plantearon sus críticas por falta de consulta al Congreso.
Se trata del recorte de un 1% del gasto público contemplado en el presupuesto 2016, que busca disminuir la deuda y el déficit fiscal. Esto se traduce en 380 mil millones que, eso sí, no afectarán al Ministerio de Salud, ni al Poder Judicial y tampoco al Congreso.
Este ajuste apuntará a reducir el gasto en fotocopias, pasajes de funcionarios, resmas de papel, horas extra, honorarios y contrataciones de estudios, entre otros, que forman parte del 71% de gasto corriente en los ministerios.
El porcentaje restante se trata de gastos de capital relacionado con las inversiones, como por ejemplo la compra por renovación de vehículos.
En suma, 540 millones de dólares, es decir, 380 mil millones de pesos que se busca recortar, eso si, sin tener aún claridad de la forma en qué se hará.
Se debe discutir con los ministerios, para que cada uno evalúe algún programa, servicio o producto donde se deba recortar aunque fuentes de Hacienda asumen que sí o sí se logrará el monto comprometido.
Evitar el aumento de la deuda y el déficit fiscal son parte de las razones que busca atacar este recorte, además considerando factores como la economía fluctuante en el mundo traducida en una desaceleración global, la baja tasa de crecimento proyectada para este año en torno al 2% y un precio del cobre. Esto, según el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
A menor ingresos, menores gastos, traducido principalmente en el cobre y la minería que durante el 2015 generó números negativos en los retornos de recursos.
Explicado como lo hizo la autoridad, si fuese una familia los gastos corrientes serían las cuentas, la cantidad de comida, etc.
Mientras que los gastos de capital serían inversiones relacionadas con la construcción de un segundo piso en la casa, la compra de un auto.
Mientras que los gastos de capital serían inversiones relacionadas con la construcción de un segundo piso en la casa, la compra de un auto.
Pese a eso, esto toca al Gobierno y sus ministerios, no los beneficios sociales ni las reformas estructurales. Hoy lo volvió a decir la presidenta Michelle Bachelet mientras inauguraba un CESFAM en La Ligua.
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